Qué hay que tener en cuenta para hacer un informe pericial con un menor

La elaboración de un informe pericial psicológico supone la realización de una evaluación exhaustiva y objetiva de aspectos psicológicos de tipo cognitivo, conductual y emocional de una persona dada, en un contexto jurídico y no clínico.

Esta distinción implica que el informe pericial psicológico se convierte en un documento legal cuyo objetivo es ser un punto de referencia en la toma de decisiones judiciales, aunque no tiene un carácter vinculante.

El proceso de realización de un informe pericial difiere en función de si la persona evaluada es un adulto o un menor.

En el primer caso, se requiere el consentimiento del propio evaluado, tras asegurarse el perito de que éste ha comprendido el procedimiento que se va a llevar a cabo. En algunos casos, cuando se evalúa a alguna persona con algún tipo de invalidez por causa de patología cognitiva (Alzheimer, parálisis cerebral, esquizofrenia, etc.), se requerirá del consentimiento del representante legal del sujeto a evaluar.

En el segundo caso, cuando hablamos de una evaluación de menores, debemos tener en cuenta que la Ley Orgánica 1/1996 (artículo 2, capítulo I, título I) señala que siempre “debe primar el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.”

Esta Ley también establece el derecho del menor a ser escuchado en cualquier procedimiento judicial en el que esté directamente implicado y que pueda conducir a una decisión que afecte a su entorno personal, familiar o social.

Por tanto, se debe tener en cuenta que un procedimiento judicial puede resultar traumático para cualquier persona, pero el perfil de vulnerabilidad asociado a la edad infantil nos obliga éticamente a tener en consideración las necesidades de los menores en cualquier proceso pericial.

¿Qué partes debe tener un informe cuando se ofrece una evaluación de menores?

Un informe pericial psicológico tendrá una estructura variada en función del ámbito para el cuál se esté peritando: civil o penal.

En el ámbito civil, la evaluación del menor se suele realizar en relación con aspectos de custodia y régimen de visitas (en casos de separación y/o divorcio), cuestiones relacionadas con la adopción de menores (idoneidad parental) o situaciones de riesgo en las que se requiera la adaptación de una medida de protección del menor, entre otras.Una representación de una separación, donde suelen utilizarse los informes periciales con menores

En este tipo de informes es importante evaluar la historia personal y familiar de cada progenitor, la evaluación de la personalidad (descarte o confirmación de posible patología), la calidad de la interacción entre progenitores e hijos, los hábitos de crianza/educación, el grado en que cada progenitor facilita el contacto con el otro, el apoyo social percibido por cada progenitor de cara a la situación de separación/divorcio y el nivel de estabilidad cognitivo-emocional-conductual de los menores.

La evaluación de un menor puede venir determinada por un juez, en cuyo caso la obligatoriedad de evaluación de los progenitores es ineludible, o bien puede ser una solicitud formulada por alguna de las partes, en cuyo caso no existe obligatoriedad de participación de la otra parte, aunque la evaluación del menor tampoco requiere el consentimiento de la parte no demandante, sino la información entre progenitores. (Nota: pese a que la evaluación pericial no requiere el consentimiento de la parte contraria en los informes de parte, la intervención o tratamiento psicológico sí requiere necesariamente que ambas partes consientan y autoricen dicha intervención).

Por otro lado, en el caso de los informes periciales en el ámbito penal, la exploración del menor va condicionada a que haya sido víctima de algún tipo de delito, siendo los requerimientos judiciales más frecuentes los informes sobre la credibilidad del relato del menor en cuanto a los hechos denunciados o bien informes sobre la existencia o no de algún tipo de sintomatología asociada a los supuestos hechos denunciados.

En estos casos, la estructura del informe debe girar en torno al estudio de la documentación disponible sobre el caso en el expediente judicial del Juzgado, la obtención de información sobre el menor mediante una entrevista semiestructurada a los padres o tutores legales que permitan conocer un poco más sobre el menor y diseñar una entrevista adaptada a sus necesidades y, también con los padres o tutores,  la obtención de información sobre cómo se produce la revelación de los hechos denunciados.

Con el menor, la entrevista debe realizarse partiendo de una presentación del profesional y tratando de crear un entorno cómodo y libre de tensiones, comenzando por preguntas sobre aficiones y gustos del menor.

A la hora de introducir el tema de exploración, conviene eliminar las preguntas directivas o sugestivas, ya que favorecen el sesgo en la respuesta del menor. Es más adecuado emplear preguntas abiertas y plantear la necesidad de aclaraciones cuando parte de la información resulte confusa o incompleta.

¿Qué aspectos y consideraciones hay que tener en cuenta en el proceso de evaluación de menores?

A la hora de evaluar a un menor debemos tener en cuenta que, aparte de los (supuestos) hechos que haya podido experimentar y sus implicaciones a nivel emocional, en función de la edad, puede no comprender bien la situación ni cuál es nuestra función como peritos, por lo que debemos clarificar en la medida de nuestras posibilidades todas las dudas que puedan surgir con respecto al proceso de evaluación.

Además, es importante que tengamos en cuenta si el menor ha sido explorado o entrevistado por otros profesionales, para evitar volver a plantear las mismas cuestiones sobre el suceso.Una psicóloga realizando una entrevista a una menor

El perito debe mantener una postura neutral con respecto a si el/la menor miente o dice la verdad, ya que cualquier disposición en una u otra dirección puede dificultar nuestro examen objetivo de la evidencia.

Se debe tener en cuenta también el tiempo transcurrido entre el suceso y la exploración del menor, dado que a mayor tiempo entre un punto y el otro, se produce un mayor impacto en la memoria y una mayor probabilidad de afectación al recuerdo del suceso experimentado.

Se recomienda la grabación (previo consentimiento del/de los responsable/s) de la entrevistas en vídeo o audio, especialmente en casos en los que se evalúa un posible abuso sexual hacia el menor.

En caso de no proceder la grabación de vídeo o audio, se recomienda la recogida textual y contextualizada de las preguntas planteadas por el entrevistador, así como también datos relativos a la comunicación no verbal y otras cuestiones de interacción ocurridas durante la entrevista.

Por último, es aconsejable que la entrevista tenga lugar entre el menor y el entrevistador, sin contar con la presencia de los padres u otros cuidadores, debido al impacto e influencia que dicha presencia podría tener sobre el menor a modo de presión para que informe en una u otra dirección.

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